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La Salud

La Salud

1. Optimizaremos el presupuesto, así como los recursos humanos y técnicos asignados al Departamento de Salud para que esta dependencia pueda desempeñar su rol con eficiencia.  Esto no se limita a una respuesta a la pandemia actual. 

2. Fomentaremos que los servicios de salud ofrecidos por el Gobierno de PR apoyen y complementen los ofrecidos por el sector privado, con el objetivo de mejorar los servicios de salud en PR, abaratar su costo y establecer un sistema de salud que se complemente y no que tropiece en el cumplimiento de su deber primario, proteger la integridad de la vida al máximo de las capacidades.

3. Concertaremos los esfuerzos de desarrollo de un grupo de trabajo que este compuesto por todos los sectores de la industria de salud, incluyendo los pacientes para ayudar en el desarrollo de una transición hacia un nuevo sistema de salud que cuente con la infraestructura tecnológica de Información de Salud necesaria, la capacidad de promover el desarrollo de una fuerza laboral salubrista robusta que puedan garantizar modelos de pagos por servicios basados en el valor de estos.

4. Buscaremos sentar las bases para el desarrollo de un proyecto de pueblo que nos permita enfrentar los retos del nuevo milenio.  Para ello, ante las limitaciones de financiamiento que tiene Puerto Rico, es necesario concertar esfuerzos con el Departamento de Salud Federal para discutir las políticas a implementarse y que Puerto Rico pueda insertarse en dichas iniciativas maximizando los fondos disponibles.

5. Comenzaremos a tomar medidas y pasos firmes, para poder tener algún tipo de pagador único en el futuro a mediano plazo. Para ello, proponemos comenzar a eliminar burocracia en la mediación de la prestación de servicios y reformar los existentes, como:

a. La eliminación de “Pharmeceutical Medical Managers” (PMB);

b. Comenzaremos a negociar la compra de medicamentos directamente las farmacéuticas, implementando para ello un sistema de recogido de data efectivo a nivel de Puerto Rico;

c. Implementaremos medidas para que cada seguro de salud ofrezca un “major medical” a un costo razonable;

d. Consideraremos establecer una aportación escalada al pago del plan médico utilizando los fondos federales disponibles para poder atender las 250 mil vidas que están en el limbo entre el Plan Vital y un plan médico privado.

e. Estableceremos una escala de pago que tengan una correlación real con el servicio rendido en calidad y complejidad.

 

f. Promoveremos una red integrada de los récords médicos que nos permitirán tener métricas correctas para la prestación de servicios y desarrollo de la salud del pueblo. Así evitaremos la duplicidad de servicios y optimizaremos los mismos.

g. Consolidaremos las funciones de finanzas, recursos humanos y tecnología del Departamento de Salud en un proveedor central para reforzar los sistemas de facturación y cobro de servicios a los planes médicos.

 

h. Fortaleceremos los servicios de salud que puedan ser ofrecidos de manera efectiva a través de la telemedicina y fomentaremos que de manera integrada el Departamento de Salud y los centros académicos salubristas en Puerto Rico integren como parte primordial de sus ofertas el desarrollo de ideas y tecnología en telemedicina.

6. Implementaremos medidas para que el Departamento de Salud pueda tener métricas fiables para poder proyectar correcta y concretamente cualquier desarrollo de un sistema de salud adecuado para Puerto Rico.

 

7. Fomentaremos una concertación entre los servicios públicos y privados que resulte en que Puerto Rico pueda tener una radiografía lo más exacta posible de nuestros hábitos, conductas y práctica médica en Puerto Rico.

 

8. Implementaremos una política pública clara para concertar la unión entre agencias gubernamentales que incidan sobre la dignidad y protección de la integridad de la vida a través de la Salud.  El Departamento de Salud, Familia, ASSMCA, Recreación y Deportes y Agricultura deberán trabajar en constante comunicación para impulsar una política pública concertada a favor de la salud de nuestro pueblo.  No podemos darnos el lujo de tener agencias administrativas que funcionen como fincas independientes, con sus propias políticas públicas, corriendo por carriles separados sin comunicación e integración de metas.  La salud de un pueblo depende de la salud de su estructura más importante, la familia.  Una familia saludable física, mental y espiritualmente garantiza la salud de un pueblo. Los departamentos mencionados son esenciales, les brindan a nuestras familias los servicios necesarios para que dentro de sus comunidades comiencen a caminar hacia una calidad de vida digna. Para esto, utilizaremos como modelo los parámetros dispuestos en la Ley 121-2019, Ley de la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores.

 

9. Identificaremos y asignaremos recursos del gobierno hacia la prevención, estabilización y fortalecimiento de la salud mental de los ciudadanos, mediante alianzas que nos permitan:

Propiciar esfuerzos organizados, ya sean Interagenciales (estatales y federales), con Organizaciones Comunitarias, Fundaciones, entes privados en modelos colaborativos, Organizaciones sin Fines de Lucro y de Base de Fe.

 

a. Propiciar acciones respaldadas sobre una base científica robusta y una integración multidisciplinaria en asuntos estadísticamente conocidos e identificados como las raíces de las diversas crisis que por décadas nos aquejan, como las siguientes:

 

1. Adicciones (en todas sus manifestaciones).

2. Conductas autodestructivas y suicidio.

3. Violencia Intrafamiliar entre cualquiera de sus miembros (en todas sus manifestaciones).

4. Abuso y explotación sexual.

5. Abuso financiero, físico, y/o mental de nuestros niños y/o adultos mayores.

 

10. Legislaremos política pública dirigida a prevenir a prevenir patrones de conductas de alto riesgo y la exposición a la vulnerabilidad de manera que permita:

a. Fomentar la salud mental, desde la reeducación de la familia y atendiendo los sectores sociales en alto riesgo.

b. Procurar la rehabilitación tanto en las personas víctimas como de las personas agresoras.

c. Adecuar los tratamientos de los ofensores en acorde con las leyes penales y la realidad psiquiátrica de los niveles de agresión, peligrosidad y condición mental, ya sea que estén confinados o en la libre comunidad.

d. Trabajar sobre los protocolos y servicios en salud mental y emocional de la persona víctima para prevenir recaídas de salud o regreso a patrones o relaciones con alto riesgo o vulnerabilidad.

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