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Cambio peligroso de última hora en las reglas del juego del voto adelantado por correo a causa de determinación tomada por la presidenta de la CEE


En un giro inesperado se toma una decisión nefasta contra la democracia puertorriqueña que pondrá en jaque la transparencia del proceso eleccionario.    


El pasado domingo, 1 de septiembre, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, emitió la Resolución CEE-RS-24-023 la cual tiene el efecto práctico de revocar una determinación del pasado presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, quien mediante el Desacuerdo-Resolución CEE-AC-23-136; determinó que las papeletas del voto adelantado por correo debían ser enviadas a la dirección postal que aparece en el asentamiento contenido en el Registro Electoral.


“Con la determinación tomada el pasado, 1ero de septiembre, la presidenta de la CEE pretende autorizar a los oficiales de las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) a grabar direcciones postales que no se conforman al Registro General de Electores, lo que permite enviar las papeletas a direcciones no registradas. Esta decisión tiene el efecto de diluir el valor del voto, explicó el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, comisionado electoral de Proyecto Dignidad y vicepresidente de la colectividad.


Asimismo, el presidente y candidato a la gobernación por Dignidad, Javier Jiménez Pérez, enfatizó que "esta decisión abre las puertas al fraude electoral, pues permite que en una sola dirección postal se puedan recibir decenas o cientos de papeletas, lo que facilita la manipulación del proceso electoral."  A su vez, llamó la atención a que “Con decenas de miles de muertos no depurados en el Registro General de Electores, existe el peligro real de que se ejerza el voto en nombre de personas fallecidas, lo que podría socavar la integridad de las elecciones y esta determinación es inaceptable," advirtió Jiménez. 


“El pueblo tiene que entender que ningún funcionario de la CEE ve al elector que solicita el voto por correo, en ningún momento. Por consiguiente, ese voto debe tener las garantías de una identificación certera por parte de la CEE, que quien dice que solicita, y emite el voto, es la persona con derecho a hacerlo. Esta medida cambia las reglas del juego establecidas desde el año pasado a sólo 66 días de las elecciones, y a 15 días del cierre para solicitar el voto adelantado. Y esas son las implicaciones que tiene esta determinación tomada por la presidenta Padilla” enfatizó Frontera Suau, el actual comisionado electoral de Proyecto Dignidad.   


Finalmente, Jiménez Pérez subrayó que “La presidenta está tomando una decisión prejuiciada en favor del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que pone en riesgo el derecho al voto de todos los electores. A tales efectos, procederemos a los tribunales con este asunto, que afecta la protección del voto de todos los electores en Puerto Rico. Es fundamental que cada elector que escoge votar adelantado por correo reciba sus papeletas a la dirección contenida en el registro electoral, asegurando así la transparencia y legitimidad de nuestras elecciones."


Proyecto Dignidad es un partido político que busca provocar cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo.  Surge como respuesta a las malas prácticas de los distintos gobiernos de las pasadas décadas.  Durante mucho tiempo se ha delegado en los partidos tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su dignidad como pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficio para Puerto Rico.  


El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a una quiebra moral, social y económica. Como partido civil de valores conservadores Proyecto Dignidad constantemente somete propuestas para todas las áreas de la sociedad, afirmando que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr el bien común para las familias y las comunidades. 


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