Durante los pasados días, hemos advenido en conocimiento de trámites electorales al margen de las disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico. Como una movida temeraria, o tal vez, desesperada, la confidencialidad que debe revestir los datos privados de ancianos residentes de una égida de San Juan, fue expuesta a nombre de “facilitar” la solicitud de voto adelantado. Irónicamente, mientras campañas publicitarias alertan sobre la realidad del incremento en casos de fraude con información sensitiva de los ciudadanos, representantes de la administración del incumbente en la alcaldía de San Juan, utilizaron su posición y recursos para solicitar y exponer información que solo el ciudadano puede, libre y voluntariamente, presentar en la Junta de Inscripción Permanente o en el sistema eRe.
Así mismo, se ha reseñado de un legislador que a nombre de servicio público presenta cientos de solicitudes de voto adelantado y realiza propaganda política dentro de un radio de acción cuestionable ante el texto del Código Electoral. Por otra parte, resurge a la luz el asunto sin resolver por mucho tiempo de electores cuyo domicilio es un lugar abandonado, inhabitable o donde no consta una estructura física. Y esto parece ser la historia de nunca acabar.
Ciertamente, la modalidad de voto adelantado es una alternativa legal para que el elector que cumpla con los requisitos establecidos pueda ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esta modalidad de voto no debe ser utilizada para burlar el proceso. Desde el año 2019, los sanjuaneros han sufrido los escándalos sobre recusaciones por domicilio, endosos suscritos por ciudadanos que alegan que no los emitieron y por fallecidos cuya información todavía les presenta en el Registro Electoral, como electores hábiles para los comicios. Lamentablemente en el 2024, la saga continúa. Ante esta situación, se amerita una auditoría eficaz por parte de la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones.
De igual forma, se amerita la intervención del poder judicial con el interés de determinar la comisión de delitos electorales. Y no menos importante, ante este panorama, debo volver a repetir lo que se dice en cada esquina de San Juan: necesitamos otro estilo de gobernanza municipal. Para el 5 de noviembre, San Juan tiene una opción de voto seguro con Proyecto Dignidad. Para esto cada elector sanjuanero debe ser vigilante y vocero, denunciando actos como los que se reseñan y cualquiera otro que aún no ha salido a la luz pública, y el salir a ejercer su voto en honor a las garantías de ley y en búsqueda de otro estilo de gobierno en la Capital.
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Maidalys Irizarry, Alcaldesa San Juan por Proyecto Dignidad
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