Por: Dr. César Vázquez Muñiz, Presidente y Fundador de Proyecto Dignidad
“La diferencia es que cuando al hombre lo agreden o lo matan o cometen algún tipo de delito usualmente está ligado al trasiego de drogas o algún otro tipo de crimen organizado.… No es lo mismo que maten a una mujer en una relación de pareja a que maten a un hombre que está haciendo una transacción de drogas en algún punto.” Éstas fueron las declaraciones de la Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez en WKAQ 580 AM éste pasado 7 de diciembre de 2020.
Según ella cuando un hombre muere asesinado es porque es un criminal. Pero cuando una mujer muere es porque es víctima. Luego alega que “esto está sustentado con las estadísticas de las distintas entidades gubernamentales.” Está equivocada y fueron desacertadas sus declaraciones. Según el Secretario del Departamento de Seguridad Pública Pedro Janer a septiembre del 2020 habían sido asesinadas 29 mujeres de las cuales seis habían muerto por violencia doméstica, alrededor de un 21%. También estableció que de los 333 hombres asesinados, 159 habían sido por drogas para un 48%. En un informe del Instituto de estadísticas de Puerto Rico sobre las muertes violentas del 2017 se establece que el 45.5% de los homicidios estuvieron relacionados a narcotráfico y el crimen organizado. Si algo establecen las estadísticas es que la mayoría de las mujeres que mueren no mueren por violencia doméstica y que la mayoría de los hombres que mueren no mueren por el tráfico de drogas. La realidad es que mueren más hombres asesinados, qué más hombres se suicidan, que más hombres mueren en accidentes de automóviles, que hay más hombres confinados en las cárceles, que más hombres mueren por Covid 19 y que la expectativa de vida en el hombre es menor que en la mujer. ¿A quien le va peor? Lo menos que deberíamos esperar es la igual protección de las leyes.
Pero lo peor de todo es que la Juez Presidente está utilizando su posición para influenciar a la Rama Judicial para que acepte como correcta las premisas de la ideología de género. Para que vean a todo hombre como agresor y a toda mujer como víctima. Los hombres ya no tendrán presunción de inocencia y tendrán a los tribunales inclinados en su contra. Utilizará el criterio de adhesión a la ideología de género para nombrar jueces, trabajadores sociales y oficiales de pensión. ¿Qué pasará con las determinaciones de custodia compartida y de pensiones? ¿Cómo se van a manejar las querellas por violencia doméstica? Si unos padres cuestionan la enseñanza de ideología de género en los tribunales, ¿se va a inhibir la Juez Presidente habiendo declarado de antemano su compromiso con esta ideología? Estamos frente al intento de una funcionaria no electa de utilizar su posición privilegiada para imponerle sus valores a un pueblo, para legislar desde el estrado. ¿Creerá ella en el grito feminista “El estado agresor es un macho violador”?
A tal grado es su compromiso con la ideología de género, que al final de la entrevista hablando sobre la nominación al Supremo que hará la Gobernadora dice lo siguiente: “Mi esperanza es que sea una mujer que adelante estas causas y que adelante el empoderamiento de mujeres en Puerto Rico”. Literalmente dice que el candidato a ser nominado debe ser una mujer y debe tener un compromiso con la ideología de género. Se ve el intento burdo de dirigir al tribunal en una dirección ideológica. Aparte incurre en una posible violación a la separación de poderes. La actitud correcta de cualquier juez del Supremo es no pronunciarse sobre qué criterios debe utilizar el gobernador de turno al ejercer su absoluta discrecionalidad como autoridad nominadora. ¿Imprudencia, falta ética o la manifestación judicial de qué es mejor pedir perdón que pedir permiso?
Todos los jueces juran hacer justicia. El criterio fundamental es sopesar la prueba y emitir una decisión que se sostenga por la evidencia. Adoptar la ideología de género en la rama judicial es prejuzgar y discriminar por sexo. Es negarle justicia al hombre.
