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La Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal

La Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal

1. Tomar todas las medidas necesarias para que el Gobierno de Puerto Rico pueda presentar sus estados financieros auditados para los años 2018 y 2019, en o antes de diciembre del 2021.

2. Implementar las siguientes medidas de eficiencia legislativa:

a. La implementación del legislador/ciudadano, haciendo del trabajo legislativo uno más orgánico.  Con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con la gran cantidad de legislación que tiene Puerto Rico, lo menos que necesitamos es más legislación.  La legislación debe ser puntual y bien dirigida a asuntos específicos.  Necesitamos una legislatura más activa en supervisar la implementación de la legislación.  Eso puede lograrse con sesiones legislativas más cortas, trabajo remoto y un equipo de asesores especializados que trabajen por mérito y no por partidocracia.

 

b. Reducir el tiempo de las sesiones legislativas y expandir e invertirlo en la ejecución supervisión del cumplimiento de la legislación aprobada.

 

c. Reorganizar la Oficina de Asesores Legislativos y centralizar los servicios de esta, de manera que existan asesores legislativos de carrera con la experiencia y la cualificación en sus áreas que le sirvan a los legisladores.

 

3. Establecimiento y fortalecimiento del Instituto de Estadística del Gobierno de Puerto Rico.

 

4. Implementar un gobierno más eficiente que pueda ser capaz de eliminar la burocracia excesiva y redirigir el recurso humano a las áreas verdaderamente esenciales. Es decir, al servicio y a la fiscalización de los recaudos necesarios para el presupuesto gubernamental.

 

5. Hacer un análisis exhaustivo de las propiedades del gobierno y su estado para poder minimizar el gasto público en pago de alquiler y de hipotecas.

 

6. Establecer un gobierno más pequeño y eficiente mediante el uso sabio de la tecnología, en donde el gobierno no sea el actor principal, ni a donde acude el sector privado para ser sustentado.

 

7. Evaluar las corporaciones públicas y su funcionamiento a la luz de los servicios que rinden al pueblo, su estabilidad económica y su viabilidad de cara al futuro.

 

8. Implementar medidas de recursos humanos de manera tal que los aumentos de sueldo en el sector público estén ligados directamente al cumplimiento por parte de la agencia de metas medibles, sean económicas o de servicio.

 

9. Reducir al máximo el número de plazas de empleados de confianza en todo el Gobierno. 

 

10. Fomentar el fortalecimiento de las Organizaciones sin Fines de Lucro y de Base de Fe, en áreas donde sus sistemas, procesos y capacidades de llevar a cabo sus proyectos puedan liberar al gobierno en la prestación de servicios y en otras circunstancias ser colaboradores en brindar los mismos.

 

11. Retirar del tribunal los acuerdos de reestructuración de deuda de la A.E.E. y los bonos generales y renegociarlos a la luz de los efectos de la pandemia y la solvencia económica de la Isla para pagar los mismos.

 

12. Reevaluar los contratos de LUMA y de New Fortress a la luz de la política pública para no incrementar el costo k/h más allá de 23 centavos, tomando en cuenta cualquier pago de deuda, en la tarifa residencial.

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